Denuncian interrupción de pagos, aranceles desactualizados y falta de respuestas de los principales financiadores. Transportistas suspendieron sus servicios.
Las instituciones prestadoras del área de discapacidad enfrentan una crisis sin precedentes. Denuncian una “inminente” suspensión de prestaciones debido a la crisis inflacionaria y a la “falta de respuestas acordes” por parte del gobierno nacional y provincial.
“La situación es de crisis, de emergencia y cualquier otro sinónimo parecido porque no solo son las instituciones, son los transportistas, los profesionales individuales, la gente administrativa, los de maestranza, toda la gente que trabaja en el área de discapacidad está en crisis”, expresó Federico Galíndez, presidente de la Federación Converger
Los principales financiadores del área de discapacidad son Apross, Pami y el programa federal “Incluir Salud”, destinado a todas las personas que no tienen obra social. Desde el cambio de gestión las nuevas autoridades no han respondido y, además, como hace poco asumieron, no han registrado sus firmas, por lo que han suspendido los pagos.
La problemática se agrava a nivel provincial, donde Apross paga menos que la regulación nacional, descompensando aún más la ecuación financiera. Esta crisis repercute directamente en el acceso a tratamientos para las personas con discapacidad, privándolas de un derecho respaldado por la ley.
Respecto a Nación la situación es más crítica: “No hay ningún tipo de diálogo. Hemos intentado, le hemos extendido notas al nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, también al Jefe de Gabinete y ni siquiera nos contestan”, indicó Maria Virginia Els, presidenta de la Cámara de prestadores en Discapacidad (Capredis).
Ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales y nacionales, las instituciones se financian mayormente a través de lo que pagan las obras sociales, prepagas y Apross. Sin embargo, la falta de actualización en los aranceles y los retrasos en los pagos generan una cesación de pagos, enfrentando multas de AFIP y afectando la calidad de los servicios brindados.
A la gravedad de la situación se suma el aumento de combustibles que encarece la labor de los transportistas, trabajadores claves del área que desde este martes suspendieron sus servicios.
La incertidumbre recae sobre el futuro de las instituciones y la prestación de servicios esenciales para más de 200,000 personas con discapacidad y sus familias» dijo Galindez.