Tras una reforma constitucional a puertas cerradas, hubo protestas y represión en la provincia.
Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, estrenó una nueva constitución a puertas cerradas y con una provincia incendiada. Gremios estatales y docentes, movimientos sociales y pueblos originarios rechazaron en las calles de San Salvador de Jujuy la reforma.
En términos generales, algunos cambios son: la aprobación de intervención en el poder judicial , cambios en procesos electorales, el desalojo de comunidades originarias ancestrales (que viven en zonas de explotación de litio), limitaron el derecho a protestar, y aprobaron el avance del negocio del litio sin cuestionamientos ni oposición.
La jura de esta reforma constitucional, fue aprobada de apuro en tres semanas. La respuesta fue una represión salvaje.
La ciudad quedó envuelta en disturbios, y al terminar el día había 69 personas detenidas, unas arrestadas en la manifestación y otras en posteriores redadas policiales por los barrios. Los operativos llevados a cabo con vehículos sin identificación, siguieron anoche con una orden de la Justicia Federal de desalojar los cortes de ruta en las localidades de Purmamarca, Libertador (Ledesma) y San Pedro.
Además, denunciaron la presencia de infiltrados policiales entre los manifestantes, generando graves hechos de violencia. Susana Ustarez, Secretaria General de la Asociación Provincial de Organismos de Control (APOC), afirmó haber presenciado personalmente cómo agentes de civil violentos iniciaron los disturbios, siendo luego protegidos por escudos y aparentando ser detenidos al ser retirados del lugar.
El medio Vamos Jujuy aseguró que el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) fue enviado a las calles para reprimir las manifestaciones. Se trata de una unidad especial que cuenta con efectivos profesionales en custodia VIP, negociación, resolución de situaciones de crisis, allanamientos de alta peligrosidad, tiro táctico con armas cortas, salvamento acuático, descenso táctico, entre otros.
También, el medio Enterate Jujuy, un fotógrafo denunció que los oficiales le arrojaron una piedra mientras él intentaba sacar fotos sobre la violencia en el palacio legislativo. «Nos tiran con gomeras a cronistas a cámaras y cámaras de foto para no transmitir lo que está sucediendo», aseguró. También se reportaron agresiones a otros equipos de prensa, como Canal 7 Jujuy.