«Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, expresa el DNU.
El Gobierno de Javier Milei anuló el decreto de 2020 con el que Alberto Fernández buscó controlar los precios de los principales servicios de telecomunicaciones como: cable, telefonía (fija y móvil) e internet.
Esa norma, los declaraba como servicios públicos en competencia, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como controlante de todas las subas que se iban a dar en adelante.
Así, por medio de un nuevo decreto, derogaron el DNU 690/20 y también artículos de la Ley Argentina Digital N° 27.078, votadas en 2014, en el segundo mandato de Cristina Kirchner.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en los precios. Ese es el eje central de las modificaciones: que el Estado no puede interferir en las políticas de precios de las empresas.
Además, se derogó el Art. 15 de la ley que reconocía “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”.